Responsabilidad y culpabilidad: claves para afrontar el desgobierno. Agustín Domingo


Uno de los desafíos más importantes que la pandemia nos ha planteado como filósofos es retomar la responsabilidad como categoría con la que tender, de nuevo, un puente entre la teoría y la praxis, entre la razón teórica y la razón práctica o simplemente entre la acción ingenua vulgar y la acción reflexiva sensata. Y conviene tener mucho cuidado al tender este puente porque en cualquier momento se nos puede citar a un tribunal para declarar como peritos, como testigos o quizá como imputados por algún delito de homicidio imprudente, como recoge el código penal en su artículo 316 que dice lo siguiente: “el que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado de homicidio imprudente”.

1. Responsabilidad política y responsabilidad penal

Nuestro colega de formación filosófica, el actual Ministro de Sanidad Salvador Illa, ha sido denunciado por algunos sindicatos de funcionarios por el incumplimiento de la normativa de prevención laboral cuyos artículos 142 y 147 remiten al 316 del código penal. El elevado porcentaje de profesionales sanitarios afectados e incluso muertos en las primeras semanas de la pandemia ha empujado a los sindicados a exigir responsabilidades al Ministro. A diferencia de otros países que están afrontando la pandemia, en España se estima que en torno al 15% de afectados son personal sanitario. Aún no sabemos cómo resolverán los tribunales esta denuncia pero sí nos conviene hacer memoria de otros casos recientes donde los denunciados no tenían ninguna culpabilidad por los hechos que se les atribuían pero los tribunales determinaron responsabilidades que terminaron con sus profesiones, carreras y proyectos de vida.

Traigo a la memoria dos casos recientes porque el consuelo que debe proporcionar la filosofía no puede refugiarse en la retórica fácil y emocional con la que algunos hoy invocan que ha llegado “la hora de la filosofía”. En primer lugar, el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006 en el que dos vagones descarrilan por exceso de velocidad y mueren 43 pasajeros. Recordemos que unos días más tarde Benedicto XVI llegaba a Valencia y mostró sus condolencias a las familias en una emotiva oración en la misma puerta de la estación que, curiosamente y hasta entonces, se llamó “Jesús”.

Los más altos responsables del metro fueron denunciados penalmente. Las denuncias admitidas a trámite y la oposición política agitó electoralmente las calles. Cuatro de ellos han sido absueltos 13 años después y otros cuatro que siempre se habían declarado inocentes -porque entendían que su responsabilidad era meramente “política” y no “penal”- han llegado a un acuerdo con la fiscalía para no seguir con el calvario judicial. Al acuerdo se ha llegado a finales de 2019, ojo, ¡13 años después de que estos responsables políticos fueran condenados con la pena de los telediarios y estigmatizados públicamente por vecinos, colegas y adversarios políticos!. No eran realmente culpables pero los medios de comunicación los convirtieron en culpables y los daños morales a ellos y sus familias ya son irreparables.

En segundo lugar, quiero traer a la memoria el “Epílogo” que Paul Ricoeur tiene al valioso conjunto de trabajos sobre ética aplicada que tradujimos y editamos con el título Lo justo II. Estudios, lecturas y ejercicios de ética aplicada (Trotta, 2008). Este epílogo lleva como título “Citación como testigo: el desgobierno” y ocupa tan solo 6 páginas, de la 227 a la 233. En el se recoge la transcripción revisada de sus declaraciones ante la Corte de Justicia de la República francesa, donde acudió a testificar por el asunto de la sangre contaminada. Aunque la declaración de Paul Ricoeur se produjo el 19 de febrero de 1999, los hechos que acusaban a Georgina Dufoix se produjeron el 4 de noviembre de 1991, cuando ella era Ministra de Asuntos Sociales y Solidaridad Nacional. Esta ministra fue acusada de homicidio involuntario y daños a la integridad física de las personas por distribuir productos con sangre contaminada. La prensa lo llamó "El caso de la sangre contaminada" y Ricoeur se centra en la declaración de la propia ministra cuando afirmó “Me siento responsable pero no culpable”.

2. Negligencia, diligencia y responsabilidad profesional

Si leemos con detalle la declaración de Ricoeur podemos retomar ideas interesantes para poner en marcha una fenomenología de la responsabilidad que nos ayude a distinguir planos, niveles y dimensiones. Sobre todo si somos conscientes de que en filosofía moral no podemos trabajar con un concepto “simple” de responsabilidad. Ciertamente, entendemos la responsabilidad como imputación de una acción a un agente, este se considera autor de sus actos y, por tanto, se ponen en su cuenta. Como si la vida moral fuera similar a un libro de contabilidad, ser responsable es asignar acciones a la contabilidad de un sujeto, al "haber" si él las ha realizado y al "debe" si no las ha realizado. La responsabilidad moral no puede reducirse a esto pero los expertos en derecho civil o penal saben que los daños pueden medirse, cuantificarse y tasarse con escrupulosa precisión pericial.

Junto a esa responsabilidad que administrativamente podemos llamar "simple" hay otro modo más complejo de entender la responsabilidad que ha sido reivindicado, en nuestros días, por las filosofías de Husserl, Levinas, Jonas o Ricoeur, entre otros. Ya no se plantea únicamente como “imputación” sino como “asignación” o “atribución”, es decir, no sólo se plantea en términos de “rendición de cuentas” ante una determinada instancia que nos las pide sino en términos de “hacernos cargo”. La contabilidad pasa a ser sustituida por la gravedad, el plano horizontal de las acciones pasa a ser sustituido por el plano vertical, es el caso de las instituciones, no sólo la maternidad o paternidad sino las relaciones de autoridad. Las categorías de autonomía y elección son insuficientes porque deben ser completadas con las de cuidado y vulnerabilidad. Pensemos en qué medida se sitúa aquí toda la ética de Zubiri cuando nos recuerda la doble tensión entre obligación/religación al “encargarnos de, cargar con y hacernos cargo de”. Aplicada al tiempo nos llevaría a distinguir entre responsabilidad "respectiva" u horizontal hay una responsabilidad retrospectiva (lo hecho en el pasado) y otra prospectiva (lo pendiente en el futuro).

Esta complejidad también está en Ricoeur cuando dice: “asistimos a una deriva grave del derecho privado y público que tiende a sustituir el riesgo por el error, error que puede ser técnico, profesional, etc., sin ser delictivo o criminal. En virtud de esta deriva, la socialización del riesgo amenaza con abandonar el terreno de la única noción de seguridad que, a mi juicio, es la más desresponsabilizante de todas. Pero no es solamente la evolución del derecho la que corre el riesgo de anular la primera responsabilidad (imputación). Es también todo el clima de campaña de prensa que ha polarizado la opinión entre los dos extremos, la demonización y la invocación a la fatalidad...” (p. 228)

Sabemos que nuestras autoridades sanitarias y políticas no han sido las culpables del COVID-19 y, por tanto, no tiene sentido atribuirles culpa de la pandemia en sí misma. Ahora bien, lo que cuestionamos es la responsabilidad en la gestión y comprobamos un movimiento de desresponsabilización que acude a los expertos y sus argumentos científico-técnicos. De esta forma, comprobamos una tensión entre las autoridades sanitarias que evalúan su papel en términos de gestión técnica de una fatalidad y, por otro lado una opinión pública que culpabiliza y "demoniza" a las autoridades.

Entre la demonización y la fatalización hay toda una serie de elementos en los que debemos fijarnos. Ricoeur habla de “errores” y fallos técnicos, pero también habla de una serie de elementos claves en la gestión de instituciones públicas: gusto por las decisiones discrecionales, dobles empleos, acumulación de mandatos, cotos reservados, e incluso la arrogancia de los “grandes y pequeños jefes”. Se complica cuando “añadimos el mundo sanitario, sus investigadores, sus oficinas, sus administradores, sus finanzas, sus rivalidades, sus jerarquías y sus riesgos” (231). Y eso sin contar con las delegaciones, comisiones interministeriales, circulares, directrices, etc. Cuando se va demasiado rápido a la penalización se pasan por alto factores como las incompetencias para determinados cargos, las negligencias, la marañas administrativas o burocráticas, el retraso en las decisiones y, sobre todo, la voluntad de evitar instancias ante las que rendir cuentas de la gestión.

3. Remendar, enmendar y afrontar el desgobierno

Ricoeur pide que no vayamos al ámbito penal y que nos detengamos allí donde se pone en movimiento la denuncia política: en las disfunciones en el ámbito político, es decir, en las variedades en el campo de los errores, en ámbito de las decisiones erróneas que generan desgobierno. Para ello reclama usar más las vías parlamentarias o que emanen del parlamento, relacionadas con el debate y en el “disenso originario entre los poderes”. ¡Más Montesquieu, menos Rousseau! podría ser el lema. La complejidad de la situación y los problemas no exige opacidades de estructuras jerárquicas de poder sino más ilustración: “la publicidad contra la opacidad, la celeridad contra el retraso, la prospectiva contra el hundimiento en el pasado.” (233)

No basta con parchear o enmendar el desgobierno. Rectificar es de sabios y parece ser que algunos políticos solo aciertan cuando rectifican. Sin embargo, hace falta “afrontar” de manera realista el desgobierno, es decir, gobernar una complejidad que requiere humildad antropológica, competencia técnico-administrativa y corresponsabilidad. No es fácil porque, completando lo que señala Ricoeur:

a. En estas situaciones bioéticas y biopolíticas se produce una confrontación de lógicas heterogéneas entre lo político, lo administrativo y lo científico.

b. Se confrontan ritmos discordantes, entre lo urgente, lo importante y lo valioso; vemos la urgencia del peligro y el tiempo de la circulación de la información, de la verificación, de la gestión administrativa, del seguimiento de los test, de su homologación. En situaciones límites no es fácil acertar. Se nos impone discernimiento entre lo justo, lo legal y lo bueno. Sobre todo porque es difícil discernir entre lo mejor y lo bueno.

c. Comprobamos no sólo discrepancias sino discordancia en las cuestiones simbólicas. Por ejemplo, aunque Ricoeur se remite al caso de la “donación gratuita de sangre”, con su aura de sacrificio y redención, ahora podemos remitirnos a la atribución de “nacionalidad” a las bacterias, los virus o los productos, incluso al nuevo papel de las "fronteras" en tiempos de pandemias. Y junto a ellas las dramáticamente éticas relacionadas con la segregación real y no sólo simbólicas sino biológicas de mayores, discapacitados, marginados o empobrecidos. Por no detallar la gestión de condolencias y conmoriencias.

Por último, para afrontar el desgobierno no sólo hace falta una clase política más diligente e incluso más competente en asuntos públicos o medidas técnicas que eviten y prevengan los errores. Hace falta mayor control parlamentario y mayores niveles de pluralismo en la gestión de los medios públicos de información que están construyendo los relatos. Todas las víctimas de la pandemia, y no sólo los profesionales sanitarios que han emprendido reclamaciones judiciales, necesitamos con urgencia reformar nuestro indigente horizonte cívico-político con alguna consideración filosófica básica. Entre otras: (1) disponer de una narración inteligible de lo sucedido, queremos “más” explicaciones para conseguir una comprensión “mejor”; (2) prestar atención a la responsabilidad moral, evitando los procesos de despersonalización que se amparan en la fatalidad de los hechos y los procesos de victimización que no siempre llevan buena fe; (3) reclamar diligentes y ejemplares formas de gobernanza en situaciones de decisión crítica común; (4) integrar la humildad, la corresponsabilidad y la vulnerabilidad en todos los ámbitos de deliberación pública y (5), capacidad de discernimiento para no aceptar la fatalidad, no demonizar, no criminalizar y no endiosar con facilidad. En definitiva, capacidad para responder a los retos que la sorprendente condición biológica plantea a nuestra indigente condición biográfica.

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